Consulta Indígena. Fundamentos e Implicaciones. Parte 2 – Natura E.S.T.

Consulta Indígena. Fundamentos e Implicaciones. Parte 2

Normativa nacional (México) en materia de consulta indígena

En México el derecho a la consulta, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, se contempla en el apartado B del segundo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas por ser entidades de interés público en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionados con el desarrollo.  Aunque no existe a nivel federal una Ley de Consulta Indígena, 25 entidades federativas ya lo consideran un derecho imprescindible, siendo los estados de Oaxaca, México, Campeche, Quintana Roo y San Luis Potosí quienes incluyen disposiciones específicas referidas a la consulta, estableciendo medidas administrativas y legislativas a nivel estatal y municipal.[1]

El organismo federal que tiene la facultad de diseñar y operar este procedimiento es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Consejo Consultivo de dicha institución, el cual deberá establecer los procedimientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos. De acuerdo con sus lineamientos internos la CDI define el Sistema de Consulta y Participación Indígena de la siguiente manera:

 El proceso que utiliza los procedimientos y las acciones que permiten conocer, promover, enriquecer, registrar, sistematizar y reintegrar las opiniones, sugerencias, recomendaciones y decisiones emitidas por los pueblos y comunidades indígenas referentes a la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y actos gubernamentales en sus diferentes niveles sectoriales y ámbitos geográficos[2]

A grandes rasgos podríamos definir el proceso de consulta como un dialogo intercultural, que busca garantizar la participación de grupos indígenas en la toma de decisiones sobre proyectos que los pueden afectar, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.[3] Lo anterior, basado en las siguientes condicionantes:

  • Buena fe. Es decir, que exista disposición para generar un diálogo equitativo, imparcial y con el reconocimiento pleno de los interlocutores en igualdad de condiciones para influir en la toma de decisiones
  • Culturalmente adecuado. Haciendo referencia a las circunstancias propias de los involucrados, incluyendo lengua, forma de gobierno, usos y costumbres; o a través de los organismos representantes o autoridades tradicionales, reconocidos por cada pueblo.
  • Libre. Es necesario garantizar que la participación y toma de decisiones por parte de los pueblos indígenas se realice sin ningún tipo de coerción, intimidación, manipulación externa o cualquier medio o método que implique contradicción con los principios aquí mencionados.
  • Previa. Es importante señalar la importancia de actuar con suficiente antelación, respetando los tiempos y procesos propios de las comunidades.
  • Informada. Antes de tomar cualquier decisión se debe proporcionar la información pertinente, incluyendo aspectos como la naturaleza del proyecto, su envergadura, tiempos, alcance de las actividades, ubicación, áreas afectadas; las razones que impulsan su implementación, los probables impactos (sociales, económicos, ambientales etc.) y los procedimientos que atañen al desarrollo y ejecución del mismo.

 

Aunque el procedimiento de consulta abarca todos los derechos reconocidos, se ciñe especialmente al derecho sobre la tierra y el uso de recursos naturales, debido a que gran parte de su supervivencia, tanto material, cultural, religiosa y espiritual descansa sobre la relación que mantienen con el territorio que habitan; siendo justamente el manejo de la tierra y los recursos en ella inscritos, objetos de disputas que los vuelve susceptibles a la presión de intereses externos.

Especialmente en caso de proyectos para la generación de energía, la Secretaria de Gobernación (SEGOB), en conjunto a la Secretaria de Energía (SENER)[4], también estipula que deberán considerarse los parámetros de:

  • Transparencia, con el objetivo de dotar seguridad jurídica al proceso y sus resultados.
  • Acomodo, es decir que todas las partes involucradas sean lo suficientemente flexibles para dar cabida a los distintos interés y derechos en juego.
  • Decisiones razonadas, es decir, bajo la plena información, esclarecimiento de dudas y siempre con la base a priori del desarrollo de los sujetos involucrados.

De no cumplirse estos parámetros el Estado tiene la facultad de ajustar e incluso cancelar el proyecto con base a los resultados, pues es responsabilidad de este tomar en cuenta las preocupaciones, demandas y propuestas expresadas por los pueblos o comunidades afectadas.  Si bien el consentimiento de los pueblos indígenas no se exige al término de todos los procesos de consulta, este requisito, sin embargo, lejos de ser un mero formalismo de procedimiento: “… debe interpretarse como una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indígenas, dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales, en relación con la ejecución de planes de desarrollo o inversión que afecten al contenido básico de dichos derechos. El deber de obtención del consentimiento responde, por lo tanto, a una lógica de proporcionalidad en relación con el derecho de propiedad indígena y otros derechos conexos.” [5]

Por ende, el proceso de consulta tampoco debe confundirse con un ejercicio informativo o una consulta ciudadana, que se limite a obtener el voto a favor o en contra de las iniciativas o proyectos. Se trata de una práctica profundamente democrática, basada en la apertura de espacios de diálogo y negociación, donde los representantes de comunidades indígenas, Estado e interés privados, pueden llegar a acuerdos en igualdad de condiciones dentro del marco de entendimiento y conocimiento mutuo.

 El cumplimento de la consulta contribuye a la protección de los derechos de los pueblos indígenas cuando se encuentran ante una situación de riesgo frente a las demandas e intereses de los sectores económicos emergentes, o la presión de grupos con mayor capacidad de influencia. Se trata de un progreso significativo en la relación con las minorías étnicas relegadas muchas veces a sujetos de interés social y no como entes con capacidad de incidir en su destino.

Metztli

 

 

 

 

Metztli Sarai Hernández García;

 Lic. Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Ha colaborado con la investigación etnológica en la Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín, y actualmente se desempeña como parte del Equipo Social en Natura Medio Ambiente.

 

 

Referencias

Asamblea General . (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ONU.

Asamblea General. (2010). Informe del Representante Especial del Secretario General por la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas . Asamblea General de las Naciones Unidas .

(Comisión Nacioal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2005, Septiembre). Retrieved from Sistema de Consulta Indígena : http://www.cdi.gob.mx/normateca/dmdocuments/documento-normativo-para-el-sistema-de-consulta-indigena.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). La consulta previa, libre e informada, de buena fe, culturalmente adecuada: pueblos indígenas, derechos humanos y empresas. D.F: D.R Comisión Nacional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. articulo 2.

Monterrubio, A. (2014). Los Derechos de los Pueblos Indígenas en México, materia de consulta. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

OEA. (2011, Agosto 9). Retrieved from CIDH resalta importancia de respetar el derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta previa: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/088.asp

Secretaria de Gobernación. (s.f). PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE. Retrieved from http://transparencia.energia.gob.mx/transparencia_focalizada/archivos/Protocolo_Consulta_Previa.pdf

 

[1] (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005)

[2] (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005)

[3] (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016)

[4] (Secretaria de Gobernación, s.f)

[5] (Secretaria de Gobernación, s.f)

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